La nueva ley de la vivienda pretende desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. En Hogava analizamos el impacto de esta nueva norma con respecto al derecho a la vivienda digna.
 
Esta norma brinda herramientas a los gobiernos territoriales competentes para limitar los precios de alquiler y aumentar la oferta de vivienda pública y privada asequible, con especial atención a las personas y hogares más vulnerables y en las zonas más tensionadas del mercado.
 
El objetivo principal que persigue la ley es que las comunidades autónomas y los municipios faciliten el acceso a una vivienda digna, dotándolos de herramientas. Entre otras cosas, la ley activa mecanismos de incentivos que brindan precios accesibles, especialmente para jóvenes y grupos vulnerables; prevenir la desocupación, contener y abaratar los precios de alquiler en zonas declaradas desfavorecidas y aumentar el número de viviendas de protección oficial en alquiler.
 
Las autoridades reguladoras competentes pueden declarar que las áreas del mercado residencial con problemas están en riesgo de escasez de oferta. Así, un procedimiento basado en criterios objetivos establecidos en la normativa estatal determinará la aplicación de diversas medidas para nivelar y reducir los precios de alquiler en estas zonas. Así, por ejemplo, una zona puede ser declarada tensionada cuando se produce alguna de los siguientes supuestos:
 

• Pagos excesivos de vivienda (más del 30% de los ingresos) por parte de los hogares de la zona.
• Aumentos de precios de más de tres puntos porcentuales por encima del crecimiento del IPC durante un período de cinco años.

 
La ley también establece un nuevo concepto de ‘gran tenedor' para toda aquella persona física o jurídica con más leyes propiedades urbanas residenciales o superficies construidas de más de 1.500 metros cuadrados también residencial excluyendo garaje y trastero en los dos casos.
 
Asimismo, podrán ser considerados grandes tenedores los propietarios de cinco o más fincas urbanas en una misma zona declarada tensionada, si así lo promueve la comunidad autónoma.
 
La nueva ley también regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objeto de estimular la vivienda y el alquiler asequible. Para lograrlo, se especifica una tasa de reducción del 50% en los nuevos contratos de arrendamiento, que puede incrementarse de acuerdo con los siguientes criterios:
 

• Reducción de la renta del 90% en las áreas tensionadas. Al firmar un nuevo contrato de arrendamiento en una zona de intenso mercado residencial, con una rebaja de al menos el 5% sobre la renta del contrato anterior.
• 70% Alquiler de primera casa en zonas tensionadas para jóvenes. En el caso de nuevos contratos de arrendamiento para jóvenes de entre 18 y 35 años en las citadas zonas. Vivienda alquilada a una agencia pública u organización del tercer sector, u organizada por un programa de vivienda pública de renta limitada
• 60% En el caso de renovaciones y mejoras que se hayan realizado en los dos años anteriores.